En la sesión del 18 de marzo del presente año, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por ocho votos contra dos el Informe Final elaborado por el congresista Javier Velásquez Quesquén.

El referido informe dispuso el archivamiento de la denuncia presentada por los señores Alfonso Chunga y Augusto Pretel contra el ex presidente del Tribunal Constitucional Oscar Urviola Hani por los delitos contra la fe pública y prevaricato, en relación a la resolución del 16 de julio de 2013 que dispuso la aplicación de una metodología de valorización de los bonos agrarios, cuyos resultados muestran un cálculo confiscatorios del valor de dichos bonos.

En dicha resolución el voto singular del magistrado Carlos Mesía fue adulterado, lo cual ha sido ampliamente demostrado en una pericia grafotécnica elaborada por peritos del Ministerio Público.

Por decisión del congresista César Segura, presidente de la Sub Comisión, el caso ha pasado a la Comisión Permanente del Congreso que deberá debatir y decidir sobre el informe respectivo.

Es en estas circunstancias ABDA considera necesario resaltar que el Informe Final del Congresista Velásquez Quesquén muestra muchas deficiencias y omisiones, las mismas que han afectado considerablemente el referido proceso, que mostraremos a continuación:

1) OSCAR URVIOLA SEÑALA EN SU DEFENSA QUE LOS BONISTAS NUNCA FUERON PARTE DEL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE GENERÓ LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL 16 DE JULIO DE 2013 EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En efecto, en la declaración que rindió el denunciado ex presidente del Tribunal Constitucional Oscar Urviola Hani, según consta en la transcripción de dicho documento (Ver transcripción: página 9), señaló que en el referido proceso de inconstitucionalidad “no intervienen ciudadanos”, del mismo modo reiteró (Ver transcripción: página 12) que “en un proceso de inconstitucionalidad no están en juego intereses subjetivos, no hay partes…”

Si como dice Oscar Urviola, en el proceso de inconstitucionalidad no existen partes entonces resulta contradictorio que la resolución del 16 de julio de 2013 se haya pronunciado sobre los derechos de los expropiados de reforma agraria, aprobando inclusive una metodología de actualización que recortaba las valorizaciones originales, sin que éstos, los expropiados, hayan sido parte en dicho proceso y que tampoco hayan tenido la posibilidad de defenderse, lo cual constituye una irregularidad y una infracción a su derecho de defensa, que la Comisión Permanente debe aclarar.

2) LA INVESTIGACIÓN DEBIO ORIENTARSE SOBRE UNA IRREGULARIDAD COMETIDA EN UN PROCESO DE VOTACION OCURRIDO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, TAL COMO OCURRIO EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO “EL FRONTON”

La denuncia se sustenta en la adulteración del voto singular que le correspondía emitir al ex magistrado del TC Mesía Ramirez en el marco del procedimiento jurisdiccional para la emisión de la resolución del 16 de julio de 2013 que estableció el procedimiento de ejecución de sentencia del caso bonos agrarios.

En efecto, el 16 de julio de 2013 en el pleno del TC, el ex magistrado Mesía Ramírez había votado en contra del proyecto de resolución que establecía que los bonos debían ser actualizados en dólares y en tal sentido le correspondía emitir su voto singular por escrito, explicando las razones de su decisión.

El Reglamento Normativo del TC vigente en ese momento disponía

Votación 
Artículo 44.- Las votaciones serán nominales y a mano alzada.
Los fundamentos singulares de voto o los votos singulares que se adopten deben ser enviados por el Magistrado responsable al Secretario Relator, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas de recibido el expediente, bajo responsabilidad, salvo motivos justificados.
En caso contrario, el Secretario Relator deja constancia en acta de la demora y se notifica y publica, en su caso, la resolución con los votos de los Magistrados que la suscriban.

De acuerdo a lo señalado en el citado reglamento, los magistrados tenían 48 horas para emitir su voto singular, sin embargo, por disposición del denunciado Urviola Hani, no se respetó dicho plazo para recibir el voto singular del magistrado Mesía Ramírez.

Es más, el Secretario Relator del TC utilizó, sin autorización del magistrado Mesía Ramirez, un documento sin valor alguno para hacerlo pasar como si hubiera sido el genuino voto singular, lo que inequívocamente constituye no sólo una irregularidad administrativa, sino un delito sancionado en el Código Penal.

Sin embargo, el Informe Final si bien reconoce (Ver Informe final: página 84) que el supuesto voto singular del magistrado Mesia Ramírez contenía “adulteración y enmendaduras”, sorprendentemente sostiene que las mismas sólo eran "modificaciones de forma", que constituyen prácticas regulares del TC, pretendiendo así el carácter delictivo de haber adulterado el voto de un magistrado dentro de un procedimiento de votación que es altamente formal.

Del mismo modo el Informe Final reconoce (Informe Final página 71) que el plazo de 48 horas no fue respetado, sin embargo minimiza este hecho y lo considera una “irregularidad administrativa” sin tomar en cuenta que ese es el hecho determinante para definir la ilegalidad de la adulteración del voto singular atribuido al magistrado Mesía Ramírez.

3) EL SENTIDO DE LA INVESTIGACION FUE TERGIVERSADA, SE PRETENDIÓ HACERLA PARECER COMO UN INTENTO DE MODIFICAR LA RESOLUCIÓN DEL TC DEL 16 DE JULIO DE 2013

El Dr. Enrique Ghersi, abogado del Dr. Oscar Urviola señaló en la audiencia del 9 de enero de 2019 (Ver transcripción: página 16) señaló:

”Esta denuncia, en realidad lo que pretende, señor presidente, es un nuevo pronunciamiento de fondo y eso desnaturaliza el procedimiento de acusación constitucional, no se puede buscar reabrir un caso que se encuentra cerrado en el Tribunal Constitucional, con pronunciamiento final respecto a la inconstitucionalidad de una ley. Y eso es exactamente lo que se pretende con esta denuncia…”

Sin embargo este argumento no podría desprenderse del texto de la denuncia presentada, ya que ésta planteaba la investigación de una irregularidad ocurrida en el Tribunal Constitucional con respecto al voto de un magistrado, la misma que se encuentra sancionada en el Código Penal, en todo caso, los afectados con los efectos de la resolución tenían otras vías para procurar su inaplicación o en todo caso, su modificación.

Esta irregularidad es similar a la que suscitó en el Tribunal Constitucional en relación a una votación ocurrida en el caso El Frontón, la misma que mereció una investigación en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales donde fueron denunciados los magistrados del Tribunal Constitucional que “interpretaron” el sentido del voto de un magistrado.

4) EL INFORME FINAL NIEGA A LOS DENUNCIANTES LA CALIDAD DE SER “AGRAVIADOS DIRECTOS” DE LA DENUNCIA PRESENTADA

El Informe Final señala lo siguiente (Informe Final, página 38):

“…los hechos se refieren a la ejecución de sentencia emanada de un proceso constitucional, el cual, conforme al artículo 203 de nuestra Constitución, sólo puede ser promovido por determinadas personas e instituciones expresamente señaladas y no por un ciudadano en particular. Por ello el directamente agraviado con esta resolución no podrían ser los denunciantes sino el Colegio de Ingenieros del Perú…”

Bajo este supuesto el Informe Final ha aceptado el alegato del denunciado Urvola Hani expresado en la sesión del 9 de enero del presente, en el sentido que los denunciantes carecerían de legitimidad para interponer la presente denuncia.

Este argumento pretende inferir que sólo los funcionarios autorizados para promover una Acción de Inconstitucionalidad de acuerdo al artículo 203 de la Constitución, serían los únicos legitimados para interponer una denuncia penal por estos hechos.

Sin embargo, la situación es otra ya que se pretende que los bonistas acepten una valorización confiscatoria sin que ellos hayan sido parte en el proceso de inconstitucionalidad que ha generado la emisión de la resolución del 16 de julio de 2013, en tal sentido los bonistas son agraviados directos del dictado de dicha resolución por lo que tienen expedido su derecho para presentar la referida denuncia.

5) SOBRE LA INJERENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (MEF)

Uno de los puntos materia de investigación en la presente denuncia consistía en determinar si la resolución del TC del 16 de julio de 2013 había sido materia de intromisión por parte del MEF.

Al respecto, la metodología de valorización adoptada finalmente por el TC en la resolución del 16 de julio de 2013 coincidía exactamente con la metodología incorporada en un proyecto de ley que el MEF había anunciado en el año 2011 por lo que existían sólidas presunciones de que el MEF había digitado los términos de la resolución.

Sorprendentemente en la sesión del 9 de enero del presente, el ex magistrado Gerardo Eto Cruz, (Ver transcripción: página 33) confesó que antes de aprobar la resolución del 16 de julio de 2013, el pleno del TC había concurrido al MEF y sostenido una reunión con el entonces Ministro Luis Miguel Castilla Rubio.

En dicha reunión, sostiene el ex magistrado Eto, el entonces Ministro de Economía les habría manifestado que la deuda de la reforma agraria alcanzaría a los 18,500 millones de dólares, sin entregar informe alguno que sustentare su afirmación.

Esta mención del Ministro habría sido el factor decisivo para que el TC modifique el proyecto de resolución inicial que planteaba que los bonos debían ser actualizados con el Indice de Precios al Consumidor, por lo cual la injerencia del MEF en el TC estaba totalmente probada, sin embargo el Informe Final ha omitido este extremo de la declaración del ex magistrado Eto Cruz.

Por ello dadas las irregularidades y omisiones notorias del informe final es necesaria su revisión en la Comisión Permanente y su devolución a la Sub Comisión a efectos que se amplíen las investigaciones.

 

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